España no es país para refugiados (ni quiere serlo)

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Desde hace dos años se viene produciendo la mayor  llegada de personas refugiadas a Europa desde la II Guerra Mundial, muchas de ellas familias sirias huyendo de la guerra, pero también personas procedentes de Irak, Eritrea, Venezuela o El Salvador. En verano 2015, la elevada cifra de llegadas a Grecia e Italia desbordóla capacidad de acogida de estos países y planteó la necesidad de una respuesta a nivel europeo. Tras mucho debate interno, se acordó la distribución equitativa entre los distintos países en dos años de 160.000 refugiados que estaban en Italia y Grecia, una cifra muy pequeña, pero que suponía un primer paso en la dirección de una respuesta conjunta y solidaria de la Unión Europea. España asumió el compromiso de acoger a 17.337 refugiados de las cuotas europeas de reubicación y reasentamiento. Sin embargo, transcurridos los dos años de plazo, España ha incumplido su compromiso. Sólo ha reubicado a 1.983 refugiados (11%). El resto, siguen esperando en los hotspots de Grecia e Italia, y cientos de miles de personas más son retenidas en las fronteras exteriores de la Unión Europea mientras los gobiernos avanzan en las políticas de externalización y cierre de fronteras por medio de acuerdos con terceros países que difícilmente pueden ser calificados de seguros como Libia, Turquía, Líbano, Níger o Chad.

Durante estos dos años, hemos constatado la falta de voluntad política y liderazgo del Gobierno español para cumplir con los acuerdos de reubicación y reasentamiento. Pero hay más. El incumplimiento de las cuotas europeas por parte de España va parejo con el deplorable comportamiento de nuestro país en otros ámbitos de asilo.

Las personas refugiadas no solo llegan por la vía de las cuotas, muchas llegan directamente a España por sus propios medios. Las llegadas en patera a las costas españolas o a través de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla continúan aumentando conforme las rutas del mediterráneo central y oriental se hacen más impracticables e inseguras. En 2015 llegaron a España 14.600 solicitantes de asilo, 15.570 en 2016 y este año 2017 las previsiones son que se duplicará esa cifra. Para muchos, España es solo país de tránsito hacia otro país europeo, pero la normativa europea obliga a los solicitantes de asilo a solicitar la protección en el país europeo al que llegan. Las devoluciones de solicitantes de asilo a España desde otros países europeos son diarias. Sin embargo, a su llegada, estas personas quedan fuera del sistema de acogida, muchas veces en la calle, porque el Gobierno entiende que  al salir de España renunciaron a los derechos de acogida. La desprotección de estas personas es palmaria, pudiendo verse fácilmente abocadas a la exclusión.

Además, el sistema de asilo español tiene una capacidad extremadamente reducida que se muestra, entre otros, en los siguientes aspectos:

  • La primera fase del sistema de acogida (que puede extenderse hasta seis meses) solo cuenta con 5.000 plazas, a todas luces insuficiente en el contexto de crisis humanitarias y personas refugiadas que vivimos. Actualmente, a quienes solicitan asilo no se les da plaza en el sistema de acogida hasta que tienen la entrevista de asilo, que llega a demorarse durante varios meses y, en muchos casos, ni siquiera entonces se les da plaza. El resultado es que muchos solicitantes de protección quedan  en la calle, a pesar de que el manual de gestión del sistema de acogida estipula que: “se considera solicitante de protección internacional a la persona que desee solicitar protección internacional en España y esté pendiente de formalizar su solicitud de asilo” por lo que desde ese momento debe poder acceder a la protección y derechos como solicitantes de asilo.
  • Pasividad y demora en la tramitación de expedientes a solicitantes de asilo. La tramitación de los expedientes de protección internacional se demora de manera sistemática más allá del plazo de los seis meses establecidos en la Ley. Todo parece indicar que la línea que se quiere seguir es la de mantener a las personas como meros solicitantes de asilo sin resolver su situación, elevando la cifra de expedientes a un número récord.
  • La reducida capacidad de la Oficina de Asilo y Refugio para hacer frente a las necesidades de los de solicitantes de protección. Con capacidad para atender a 100 personas al día, se forman enormes colas para cualquier gestión (hay gente esperando desde las 6.30 de la mañana y antes de abrir las colas ya superan las 200 personas).

Todo ello hace de España un país al que los refugiados no desean venir, perciben que no son bienvenidos. No les falta razón. La debilidad y el mal funcionamiento de nuestro sistema de asilo desincentivan la llegada de refugiados y revelan falta de voluntad política para cumplir los compromisos internacionales y nacionales en la materia.

Ante una situación excepcional de personas refugiadas en las fronteras de Europa, solicitamos al Gobierno de España:

  1. Que cumpla con los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea en relación con las cuotas de reubicación desde Italia y Grecia a la mayor brevedad.
  2. Que promueva activamente más vías de acceso legales y seguras para las personas refugiadas (reasentamiento, visados humanitarios, agilizar y flexibilizar la reunificación familiar, visados de estudiantes, visados por motivos médicos, patrocinios privados…)
  3. Que amplíe las plazas de acogida del sistema español.
  4. Que revise el sistema de acogida para mejorar sus resultados en términos de integración social de las personas refugiadas en nuestro país.
  5. Que refuerce significativamente la política de Cooperación internacional al Desarrollo. Los países vecinos a los conflictos son los que acogen a la inmensa mayoría de las personas refugiadas. Sin embargo, la Ayuda Oficial al Desarrollo española ha sufrido significativos recortes en estos años y el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria está en mínimos históricos. La Ayuda Humanitaria asegura una protección vital básica y la cooperación al desarrollo facilita la integración social de los refugiados, apoyando los servicios sociales de los países receptores.

Las personas que llegan a España huyendo de guerras, conflictos armados y violencia ya han sufrido terriblemente. Tienen derecho a ser recibidos con dignidad y respeto a sus derechos. Las entidades y personas que integramos la Campaña Hospitalidad estamos dispuestas a comprometernos en primera persona para que se lleven a cabo las iniciativas propuestas más arriba. Sin embargo, debemos recordar que la responsabilidad principal de protección de refugiados y migrantes recae en los Estados y que España no está dando una respuesta adecuada.